Una solución posible para el tema de las agujas de control de acceso a residenciales

Como economista, no puedo dejar de sugerir una solución a una de las formas en que los ciudadanos costarricenses buscan protegerse contra el hampa: las vallas de control de acceso a zonas residenciales.

Mi propuesta consiste en facilitar a los ciudadanos un mecanismo que permita transferir la propiedad de las vías de interés a la comunidad interesada en restringir el acceso.

Fotografía tomada de artículo de El Financiero (15 de febrero de 2009)

Desde hace varios años, se mantiene una polémica por el control de acceso a las zonas residenciales, una de las formas en que muchos ciudadanos han buscado prevenir los robos a viviendas. Dicho control ciertamente atenta contra la libertad de tránsito que garantiza la Constitución de Costa Rica, por lo que la solución que se plantee debe cumplir con dos premisas: facultar a la ciudadanía a protegerse de los ladrones, sin irrespetar la Constitución.

Existe además un proyecto de ley planteado por el diputado Guyón Masei Mora (expediente Nº 17.116) que plantea una ley que regule este tema, dado que, como han planteado diferentes expertos en derecho, no puede ser por la vía de decretos que se puede normar sobre un tema constitucional.

Pero existe una alternativa que hasta ahora no he visto aún contemplada y que se nutre de una forma sencilla por la teoría económica, según el teorema planteado por Ronadl Coase, premio nobel de 1991.

El Teorema de Coase plantea (a modo de síntesis), que: "si las transacciones pueden realizarse sin ningún costo y los derechos de apropiación están claramente establecidos, sea cual sea la asignación inicial de esos derechos se producirá una redistribución cuyo resultado será el de máxima eficiencia".

Bajo este planteamiento, si existe un grupo de vecinos interesado en regular el tránsito por su residencial con fines de seguridad, debiera poder solicitar asumir la propiedad de las vías de acceso a sus viviendas de forma comunitaria (total o a modo de concesión conjuntamente con la municipalidad).

La lógica exige que el propietario de las vías sea responsable por el pago de los impuestos, derechos y responsabilidades por la vía; así como las municipalidades y el Estado en sí, es responsable por el mantenimiento de las condiciones de las vías (igual por el aseguramiento del libre tránsito en la propiedad pública). Por lo tanto, quienes estén interesados en restringir el paso por su propiedad asuma esa responsabilidad.