En el mundo ideal, para mantener al país competitivo en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), no buscaríamos aplicarles impuestos, ni tendríamos en el panorama futuro la posibilidad de que la inestabilidad fiscal genere inestabilidad macroeconómica. Quizá, hoy nos enfrentemos a escoger entre dos males.
Lo único lógico y racional, cuando se tiene que escoger entre dos situaciones no deseadas, es escoger la “menos mala”, pero para ello hay que comenzar por desbridar el tema y separar la enorme cantidad de mitos y prejuicios alrededor de los argumentos que deberíamos verdaderamente valorar para tomar una decisión objetiva y racional.
Los mitos. Es necesario comprender, de entrada, en qué consiste el Régimen de Zona Franca (RZF): Conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país. Estos incentivos incluyen la exoneración de impuestos tales como: (renta por 8 años, ventas, consumo, aduanas, remesas y municipales). Las empresas que desean ingresar al Régimen deben cumplir una serie de requisitos y pagar un canon a PROCOMER).
Cuando se miran las declaraciones de políticos y empresarios, así como los comentarios en foros en Internet, es preocupante notar que una gran cantidad de desacuerdos y argumentos giran alrededor de mitos que tanto simpatizantes como detractores del RZF han esculpido en defensa de sus intereses. A continuación los que consideramos más importantes:
“Las empresas de Zona Franca son todas transnacionales y extranjeras”. Si bien la mayoría de empresas amparadas al RZF son extranjeras, su objetivo es incentivar la instalación de empresas con orientación exportadora (nacionales y extranjeras por igual) que generen inversión, producción y empleo. El RZF no pretende favorecer a empresas extranjeras sobre las nacionales para ingresar al Régimen.
“Las empresas vienen a Costa Rica por pagar bajos salarios y no pagar impuestos”. Los salarios en Costa Rica son altos si nos comparamos con los países con los que competimos por la atracción de inversiones, más si consideramos que el costo para las empresas es aproximadamente 50% superior al salario bruto, al sumar cargas sociales; la exención de impuestos de Costa Rica no es muy distinta a la de otros países, de hecho otros países incluso los conceden por periodos más largos (por ejemplo: Malasia, por 15 años; Singapur, Panamá, Nicaragua, Tailandia, Colombia, Honduras, Vietnam y China por 10 años). Hay otros impuestos que las empresas sí deben pagar, otra buena cantidad ya superó el plazo de exoneración. Además, los salarios que pagan las empresas del RZF son superiores al promedio nacional.
“Las empresas del RZF generan una gran cantidad de ganancias que no se quedan en el país”. Visto desde el punto de vista contable, es importante notar que, según cifras de PROCOMER para el año 2006, casi dos tercios de las empresas del RZF no hubieran tenido que pagar impuestos sobre la renta (aún si no estuvieran exentas), esto significa que no tuvieron ganancias o incluso generaron pérdidas, lo cual se debe a que muchas de estas empresas son utilizadas como centros de costos, venden a su casa matriz y sus ingresos son apenas los suficientes para cubrir sus gastos e inversiones. Según estimaciones que anualmente ha venido publicando PROCOMER el Régimen de Zona Franca genera mayores beneficios al país que lo que se les exonera. De hecho en el último estudio, hecho público este lunes 10 de octubre, por cada dólar que se le exonera a las empresas del RZF se generan beneficios por $8. Este beneficio, además, implica que casi la mitad de lo exportado se queda como beneficio al país, lo cual es bastante revelador como respuesta a esta tercera afirmación.
La atracción de empresas. Entonces, si el RZF genera tantos beneficios y es una de las principales caras en la atracción de IED, ¿tiene sentido incluirlo en la lista de “afectados” por la recientemente presentada Reforma Tributaria?
Un país como Costa Rica no atrae los mayores flujos de inversiones, que generalmente están relacionados con la extracción de recursos naturales (minerales, petróleo, etc.). Costa Rica compite con otros países principalmente por la atracción de empresas de IED que buscan eficiencia. Las empresas que llegan a Costa Rica, generalmente inician la toma de decisión sobre dónde relocalizar sus operaciones por seleccionar (entre una lista amplia) aquellos países que cumplen con condiciones básicas generales (como estabilidad económica y social, costos adecuados, productividad, localización, infraestructura). Luego pasan a una lista corta donde revisan las cifras con mayor detalle y buscan referencias (sobre otras empresas ya instaladas) y toman en cuenta los regímenes de incentivos como factor de decisión.
La reforma fiscal debe tener como objetivo la búsqueda del equilibrio financiero del gobierno y el gobierno cumplir con sus funciones primordiales (proveer seguridad, educación, salud, infraestructura y los servicios gubernamentales). El establecimiento de nuevos ingresos contribuye con este objetivo, pero requiere también de medidas por el lado de los gastos (si bien notamos una enorme rigidez en los gastos del gobierno cuando sus principales rubros se relacionan con el pago de salarios, intereses y servicios).
No conviene al país establecer impuestos a empresas de IED, si esos impuestos nos “sacan” de la lista corta (señalada anteriormente), ni tampoco conviene reducir el margen para generar equilibrio de la reforma fiscal, pues ello nos llevaría a salir de la “lista larga”. Ambas situaciones nos dejarían fuera de la competición internacional por la atracción de IED en busca de eficiencia.
Según estimaciones propias recientes, realizadas para la elaboración de la Tesis de Maestría: “Importancia de los incentivos fiscales en la atracción de IED en busca de eficiencia” (UCR), se estimó que es más fuerte el efecto en la disminución de los flujos de IED del aumento en un 1% del riesgo país o la baja en el PIB que el aumento del mismo 1% en los impuestos que se cobran a estas empresas. Sin embargo cobrar impuestos al RZF, debería cumplir con la premisa de lograr el equilibrio fiscal y un estado eficiente para lograr operación e inversiones que mejoren la competitividad.
Instamos a la ciudadanía en general y en especial a nuestros diputados a orientar la discusión hacia la definición óptima de las funciones del Estado, determinar los ingresos que pueden permitir su equilibrio y finalmente determinar los impuestos y sectores a los que se puede tasar, generando el menor impacto posible en la productividad del país.
